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AMLO vs Poder Judicial: ¿Choque de trenes?

AMLO vs Poder Judicial: ¿Choque de trenes?

diciembre 12, 20182021Views
columnista angel isidro

Uno de los elementos fundamentales de la democracia moderna es la división de poderes.

Sin la posibilidad de una convivencia respetuosa y equilibrada  entre los distintos actores, la actividad gubernamental está condenada al caos y la anarquía. Por ello es importante ponderar el permanente diálogo entre las partes.

Lo anterior viene a colación por la controversia generada ante la promulgación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada en apego a la política de austeridad convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es importante reconocerlo de antemano: el triunfo del nuevo gobierno fue sustentado de manera importante en el hartazgo popular ante los abusos y atroz corrupción que caracterizó a los gobiernos mexicanos, particularmente en los últimos 30 años.

No es momento para caer en falsos debates; que si son 600 mil, 300 mil o 250 mil pesos mensuales: lo real es que los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (y muchos de sus similares en los estados), ganan sueldos exhorbitantes y ofensivos a los ojos de los mexicanos que sobreviven, en un elevado número, con menos de 5 mil pesos al mes.

Eso, sin soslayar el hecho de que muchos de ellos-no todos, hay que aclararlo-,se despachan con la cuchara grande con cargo al erario: chóferes, escoltas, autos blindados, oficinas de lujo, amén de la posibilidad de incorporar a familiares y amigos cercanos a la nómina judicial con sueldos nada despreciables.

Sin embargo hay que reconocer que esto no es nada nuevo. ¿Cómo llegamos a estos excesos? Muy seguramente, porque como siempre ocurre hasta que aparece una controversia de este tipo, a los ciudadanos comunes, a la “gente de a pie”, ni nos va ni nos viene lo que ocurre con una instancia judicial hasta que lamentablemente requerimos de ella. Y sobra decirlo, en la mayoría de loa casos, la experiencia es frustrante, porque la justicia en México se vende al mejor postor.

Existe un hecho contundente: si el aparato de justicia del país funcionará con estricto apego al Estado de Derecho y en defensa de los intereses de la sociedad, probablemente nadie estaría escamoteando los emolumentos de sus integrantes. Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos el Poder Judicial es una instancia lejana, hostil e incluso cruel. No son pocas las veces en que los poderosos se han aprovechado de la compra de la justicia en detrimento de pueblos, comunidades, sindicatos o víctimas del delito. Haciendo un balance, la imagen del poder Judicial en México está severamente deteriorada… y a sus integrantes poco les ha interesado hacer algo para remediarlo. Hasta ahora, que buscan justificar sus ingresos.

Lamentablemente, el actual conflicto en el que se han visto envueltos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en términos reales y efectivos poco tiene que ver con la llevada y traída cantaleta de la “austeridad republicana”. Esto ha sido en realidad un pretexto. La realidad es que en el fondo existe una encarnizada lucha de poder.

En estricto sentido, es sabido que la ley no se puede aplicar retroactivamente, así que la legislación en materia de emolumentos para los servidores públicos enfrentaría problemas de técnica jurídica para su aplicación objetiva. Es cierto que el Presidente Andrés  López Obrador ya puso el ejemplo recortándose el salario a un 40 por ciento respecto a su antecesor, y que fue contundente al impulsar la eliminación de las millonarias pensiones a los ex presidentes, pero falta ver cómo podría meter en el mismo aro, por ejemplo, a las millonarias pensiones que paga el servicio público federal. Y un ejemplo cercano lo tiene con la actual titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien cobra una nada despreciable jubilación de 258 mil pesos mensuales en su calidad de ex ministra de la Suprema Corte, misma a la que aseguró estar dispuesta a renunciar. Pero habría que ver si piensan lo mismo todos los ex funcionarios del sector…

Sin duda la política pro-austeridad de AMLO es una respuesta a una añeja exigencia ciudadana. Más allá de los números hay una deuda de probidad y justicia social con la población.

Sin embargo, flaco favor le hacen al mandatario los legisladores federales, que por un lado empujan con la “operación tijera” hacia las distintas entidades y organismos gubernamentales, pero en contrasentido se siguen autorizando todo tipo de gastos y prebendas. Ello anula la calidad moral de diputados y senadores para reclamar a los ministros que, en oposición a la Ley de Remuneraciones, presentaron un amparo que ellos mismos habrán de dictaminar. Legisladores y ministros se acusan mutuamente de comer demasiado… cuando todos ellos tienen “la boca llena”.

Aquí lo lamentable es la evidente falta de disposición de ninguna de las partes en conflicto -legisladores, ejecutivo, ministros-, en una situación que podría significar la primera crisis política del naciente sexenio.

Y es qué hay que considerar que tampoco se pueden tomar decisiones sobre las rodillas como las que plantea el dipsómano senador Félix Salgado Macedonio en el sentido de simplemente “liquidar a los magistrados y contratar a otros”. La independencia y autonomía entre los poderes garantiza la gobernabilidad democrática; ninguno puede ni debe actuar como subordinado del otro.

Por lo pronto debe privilegiarse el diálogo y el acuerdo en aras de mantener el orden constitucional. México y sus ciudadanos enfrentan retos y demandas de gran urgencia;  no es justo que nuestros políticos desgasten tiempo y energía en el estéril juego de “ver quién la tiene más grande”.

La guerra de descalificaciones no nos va a llevar a ningún lado. En alguna de las partes debe caber la prudencia y dar el primer paso, porque se lo contrario una vez más quedará demostrado que a nuestra clase política le interesa más la lucha por el poder que el beneficio de las mayorías. Y aún falta ver lo que ocurrirá con el tema de los eventuales recortes presupuestales a organismos desconcentrados e instituciones codependientes del gobierno federal.

Esto apenas comienza.

Veremos y comentaremos.

Twitter: @miguelisidro